El grupo de juristas expertos al que el Govern encargó un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut concluye que está impregnada de una "prevención injustificada" respecto al texto catalán.

En las conclusiones del informe, de 43 páginas y que se ha dado a conocer esta tarde, los expertos afirman que la sentencia debilita "significativamente" la función constitucional del Estatut y sustituye su papel en el bloque de la constitucionalidad por el del propio Tribunal.

Además, asegura que la sentencia trata, a menudo, el Estatut como una ley meramente autonómica, a través de la cual la comunidad autónoma pretendía imponer al Estado obligaciones y mandatos, y olvida que es una norma estatal fruto de un pacto político entre Generalitat y Estado.

Asimismo, el informe explica que la sentencia no aplica su "reiterada" doctrina sobre el principio de deferencia hacia el legislador que, en este caso, todavía debía ser aplicado de forma más "exquisita" por la función constitucional del Estatut y el plus de legitimidad que deriva de su procedimiento de elaboración y aprobación.

El Govern encargó este informe para hacer un primer análisis del impacto en la norma catalana, refrendada en 2006.

En el grupo han participado Antoni Bayona, profesor de Derecho Administrativo de la UPF; Jaume Galofré, director del Gabinete Jurídico de la Generalitat,; Carles Viver Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios Económicos, junto a representantes de los grupos parlamentarios.